Los rectores se fueron con las manos vacías. Pese a que tanto ellos como el Gobierno buscaban el diálogo después de la multitudinaria marcha federal universitaria en defensa de la educación pública argentina, el martes la primera reunión de la conducción del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con Sandra Pettovello y Carlos Torrendell no dejó más que una foto y las otras alternativas tampoco prometen resultados pronto.

El martes los rectores también pasaron por el Senado. Los recibieron Martín Lousteau, Maximiliano Abad y Víctor Zimermann, de la UCR; Guadalupe Tagliaferri, de PRO, y Alejandra Vigo, del Bloque Unidad Federal.

Ya habían pasado a principio de mes por la Cámara de Diputados para presentar el estado de situación de las universidades nacionales y pedir que se trate en el Parlamento la actualización presupuestaria para las universidades. Hay por lo menos cinco proyectos presentados que, además de proponer declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario, en su mayoría plantean que las partidas de los gastos de funcionamiento se actualicen en base a la inflación para evitar, a su vez, que el problema se repita en los próximos años. Ayer se reunió la Comisión de Educación de esa cámara para fijar un cronograma de trabajo.

“Vamos a trabajar en todos los niveles para revertir la situación presupuestaria que es crítica, real y que las autoridades conocen. El Congreso tiene competencias en materia presupuestaria, por lo tanto aspiramos que se pueda construir una mayoría que apruebe el proyecto de actualización del presupuesto universitario y vamos a trabajar en lo que podamos contribuir para eso”, dijo a LA NACION Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario.

Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín, coincidió: “Intentamos por varios frentes. Con el Ejecutivo intentamos sensibilizarlo para tener reciprocidad sobre la consideración de la situación universitaria como una política de estado. Con los legisladores y eventualmente por la vía judicial”.

Los reclamos están focalizados en cinco ejes, que fueron los que los rectores presentaron en la reunión con el Gobierno y habían adelantado en el acto en Plaza de Mayo:

1. Actualización de los gastos de funcionamiento y garantizar la transferencia de fondos para hospitales universitarios

2. Aumento salarial para docentes y no docentes

3. Continuidad de los programas estudiantiles y las becas

4. Financiamiento del sistema científico

5. Reactivación de las obras de infraestructura universitaria

LA NACION intentó relevar qué grado de avance registran las negociaciones por cada uno, en una suerte de semáforo. Sin embargo, no obtuvo precisiones desde la Secretaría de Educación.

Qué se consiguió hasta el momento y cuáles serían los pedidos con peor pronóstico

1) La actualización de los gastos de funcionamiento fue el reclamo que más escaló en el conflicto universitario. Es del dinero que envía el Estado mes a mes para que las instituciones puedan funcionar; incluye desde pagos de servicios públicos hasta proveer papel higiénico: todo lo que está por fuera del pago de sueldos.

Con una inflación interanual de 275,5%, las universidades comenzaron el año –al igual que tantas otras áreas del Estado– con el mismo presupuesto nominal con el que contaron en 2023 dado que el gobierno actual prorrogó ese presupuesto porque el de 2024 nunca se aprobó en el Congreso. Desde principio de año venían alertando que no podían garantizar su funcionamiento.

Fue casi la única partida para la cual el Gobierno otorgó un incremento: un 70% en marzo y otro 70% para mayo. De confirmarse el aumento que se cobraría en junio, según denuncian los rectores, no sería suficiente dado que implica solo un 105% y continúan reclamando que el presupuesto se actualice acorde a la inflación. “Es un aliciente, pero insuficiente para resolver los problemas actuales”, dijeron en un comunicado. Se trata, además, de un solo ítem del presupuesto universitario, que representa el 7,9% del gasto.

En lo que va del año, la administración de Javier Milei también anunció una partida extraordinaria para los hospitales universitarios de $14.403.479.661. Este es otro de los puntos que llevaron los rectores al encuentro con los funcionarios: garantizar transferencia de fondos para hospitales. Aunque la principal es la Universidad de Buenos Aires (UBA), otras cuatro universidades nacionales cuentan con centros de salud que dependen de sus presupuestos. En este caso, Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios representa apenas el 1% del gasto.

2) Los rectores también reclaman por los salarios de trabajadores docentes y no docentes.

La propuesta del Gobierno en las paritarias para febrero fue una actualización del 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Para marzo ofrecieron un 12%, que fue rechazado por los gremios universitarios, al igual que el de abril, que fue de un 8%.

“Alrededor del 40% cuando la inflación desde que asumió el actual gobierno asciende a 100% más o menos. Si esta diferencia no se salda, el conflicto en las universidades va a escalar”, dijo a LA NACION Carlos de Feo, secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).

“Tuvimos una reunión el lunes con Torrendell y gente de la secretaría, se le hicieron los reclamos y se comprometió a volver a reunirse para ver técnicamente cómo podemos avanzar pero hasta el momento no hemos tenido ninguna fecha de convocatoria. Es como hace con los rectores, trata de ganar tiempo, pero eso complica todo cada vez más. Las soluciones se alejan y los ánimos se caldean”, agregó.

3) Tampoco hubo respuestas sobre garantizar la continuidad de los programas estudiantiles y las becas.

4 y 5) En tanto, los reclamos que probablemente correrán aún con menos suerte son atender el ajuste en el sistema científico y la reactivación de las obras comprendidas en el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria (que, de todos modos, depende de la Secretaría Obras Públicas, a cargo del Ministerio de Economía). Este último punto se da en el contexto de la paralización de proyectos públicos, una decisión que se extiende en todo el Estado y no afecta solo a las universidades. “No va a haber más obra pública”, dijo ayer Milei en El Observador. Y agregó: “Se cortó eso de que un gobernador tenga que venir a arrodillarse a Buenos Aires, yo no quiero eso”.